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Por: José Miguel Rodríguez Matos

El tema de la municipalización de la educación en Puerto Rico surge a raíz de la insatisfacción del pueblo con el logro de los fines educativos. Pareciera, a primera vista, una alternativa a la crisis educativa que vive el País. Pero está lejos de serlo, aunque en teoría podría ser cierto. Veamos por qué esto es así.

En primer lugar, la municipalización parece una medida descentralizadora de la educación. Pero en el contexto de un país tan politizado como el nuestro, la municipalización es ponerle las escuelas en bandeja de plata a los intereses político-partidistas. Lejos de descentralizar, la municipalización es una extensión o un mayor alcance de la fuente de poder de los partidos, que promete, fuera de toda duda, una mayor politización del sistema. Paradójicamente, el nivel municipal se prestaría más para un régimen anárquico controlado por los partidos políticos a través de sus representantes en esos niveles, que de participación ciudadana (que es el verdadero espíritu de la municipalización). El nivel de politización en los municipios en Puerto Rico nada tiene que envidiarle a la Legislatura o a las más altas instancias de poder de los partidos. La municipalización no nace, en nuestro caso, como una iniciativa de las comunidades de base, nace de propuestas de los partidos políticos porque ellos saben muy bien que es una forma de control desde la base misma. Es sencillo anticipar, entonces, que los nombramientos de directores y directoras, maestros y maestras y otro personal va a responder a criterios políticos y no a los criterios educativos o de los mejores intereses de la educación. Si ahora el problema es grave, imaginémonos entonces.

En segundo lugar, la municipalización tiene el efecto inevitable de acentuar la desigualdad social. Todos sabemos que en Puerto Rico hay municipios ricos y municipios pobres. Los municipios ricos podrán absorber el costo de su educación (aunque en principio ningún municipio podría, en términos absolutos, absorber ese costo por sí solos). Municipios tales como San Juan, Guaynabo, Caguas, Carolina, para dar algunos ejemplos, tendrían privilegios que no podrían tener municipios como Jayuya, Adjuntas, Las Marías, Maricao, que operan con una seria crisis fiscal. El acceso a la tecnología, por ejemplo, será privativo a los municipios pobres. Y si la municipalización acentúa la desigualdad social, entonces es contrario a los fines de la educación.

En tercer lugar, la gente no tiene idea del alcance de la municipalización en cuanto a la infraestructura organizativa y administrativa que presupone. Estamos hablando de diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo (académico, administrativo, fiscal) de cada municipio y del País. Esto conlleva construir, equipar y mantener la infraestructura que viabilice los fines de la educación. Los municipios no están preparados para absorber esa responsabilidad.

En cuarto lugar, los únicos beneficiados de la municipalización son los partidos políticos; mientras no estén en el poder, es un excelente medio para alcanzarlo. Por otro lado, eventualmente, el gobierno central se va a desatender de proporcionar a la educación los recursos para financiarla. Esa responsabilidad va a recaer sobre el pueblo, que va a tener que sufragar los costos de la educación. En otras palabras, municipalización es un subterfugio para la privatización. Todos sabemos que las recomendaciones de los organismos de la oligarquía imperialista mundial como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros, como estrategia para proteger los montos de los pagos de la deuda externa, estimulan que el Estado se desatienda directamente de estos gastos de la educación y se traslade a otras fuentes de financiamiento como los padres y las municipalidades. En la municipalización tenemos una excelente estrategia para ir abriendo esa brecha hacia la privatización en gran escala.

En síntesis, la municipalización: a) acentúa el poder, no del estado ni de la comunidad en los procesos educativos, sino de los partidos políticos, lo cual socava la responsabilidad constitucional del estado, b) acentúa la desigualdad social, c) deja en manos de estructuras municipales frágiles la administración de la educación, y d) abre el espacio ideal para la privatización a gran escala.

Las comunidades, las organizaciones magisteriales, cívicas y culturales y otros grupos deben levantar su voz de protesta para impedir el control partidista de la educación.