Lectura crítica de la administración educativa

Por: María de los Ángeles Ortiz, Ph.D.

La educación debe hacer posible que las personas encuentren alternativas efectivas a los problemas de la sociedad y en un contexto de absoluta libertad les permita examinar e interpretar el conjunto de las complejas relaciones sociales que conforman el entorno educativo.
Como acertadamente plantearon Karl Marx y Freidrick Engels enImagen de lectura crítica 1846, es preciso "sustituir el dominio de las circunstancias y de la suerte sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre la suerte y las circunstancias".

El trabajo de José Miguel Rodríguez Matos, Luis Carlos Gutiérrez Blanco y Gamaliel Morales Santiago propone asumir críticamente la capacidad social de reflexión sobre la educación y la administración educativa, como requisito para reinterpretar los paradigmas que ya no permiten entender y explicar la prevalencia de formas más complejas de organización colectiva y otras manifestaciones sociales emergentes.

La actual redefinición de los asuntos públicos, de las funciones de la política y de las intervenciones sociales desde las necesidades de la economía del mercado, está dando como resultado que las personas, en sus análisis sobre la realidad, tomen en consideración, de manera prioritaria, los aspectos utilitaristas de todo aquello que hacen y eligen. El utilitarismo y el procurar beneficios económicos son, para una gran parte de las personas del mundo occidental, el principal indicador para medir y para juzgar la conveniencia de sus acciones.

La tan nombrada globalización de los mercados pretende imponer como motor de la vida una racionalidad económica que se expresa en valorar todas las cosas sólo en la medida en que producen beneficios económicos y no en bienes sociales ni morales. Ello explica que la educación pública y, lo que es más importante, su conceptuación del servicio público, pase a un segundo plano. La educación, incluso en sus etapas pre-universitarias, parece querer asumir cada día más como valor predominante la capacitación profesional; es decir, habilitar sólo para encontrar empleos y, de ser posible, bien pagados.
Esta mercantilización progresiva de la vida cotidiana explica que cuando desde la esfera productiva se lanzan denuncias contra las instituciones educativos, por no enseñar aquellas cosas que los propietarios de los medios de producción consideran como prioritarias, se genere en la sociedad, con demasiada frecuencia, un clima de hostilidad contra el profesorado y las instituciones educativas.

En cualquier comunidad, en momentos en los que se producen crisis económicas y de empleo, es visible que un cierto pánico se apodere de la sociedad y que surjan los discursos que tratan de justificarlo todo recurriendo a una especie de palabra mágica: la educación. Esto explica que todas las organizaciones económicas supranacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dediquen numerosas páginas en sus informes a subrayar la imperiosa necesidad de reformar los sistemas educativos para acomodarlos a las nuevas necesidades de la economía y la producción.

En tales circunstancias los grupos económicos con mayor poder y acceso a los medios de comunicación se dedican a propagar una indemostrable e injusta acusación, ésta es: la política y, principalmente, los servicios públicos en cuestiones de producción son siempre ineficaces. Su apuesta por una mayor mercantilización de la vida productiva lleva implícito un discurso apremiando a la privatización de los servicios públicos. El éxito de sus argumentaciones es visible cuando amplios sectores sociales aceptan o no se oponen a las privatizaciones que los gobiernos neoliberales han llevado a cabo de los servicios públicos más necesarios en una sociedad que proclame la igualdad de oportunidades tales como: la educación, la salud, las telecomunicaciones y el servicio de agua entre otros.
Con este telón de fondo, los organismos públicos corren el riesgo de acabar convertidos en organismos empresariales y rigiéndose exclusivamente por las leyes de inversiones-beneficios; sus usuarios y usuarias transformados en consumidores y consumidoras que eligen y toman decisiones únicamente de modo individualista y privado, sin tener en cuenta intereses más comunitarios. En consecuencia, también van a sufrir transformaciones los criterios para administrar y evaluar el funcionamiento de esos organismos.

El sistema educativo -lo saben bien quienes apuestan por el neoliberalismo- puede llegar a desempeñar un papel importante en la actual reestructuración del capitalismo, pero no es en realidad aquí donde sus miradas se centran con mayor frecuencia. Las instituciones educativas son espacios privilegiados para la construcción de las nuevas subjetividades economicistas y la conformación de seres humanos con destrezas mecánicas y técnicas. Al mismo tiempo, es notable la incapacidad de los modelos educativos existentes para ir más allá en la imaginación y la experimentación de nuevas formas de vida, y de modelos sociales y productivos alternativos a los vigentes. Resulta obvio que esta perspectiva social crítica y creativa no es deseada y, más aún, es excluida desde las atalayas de las empresas multinacionales, pues su principal preocupación es la de contratar personas que sepan trabajar, que sus contratos laborales resulten eficientes y, algo que es importante, que éstas no se planteen grandes preguntas acerca de los modelos productivos vigentes.

Ante un panorama con estas características, la sociedad corre el riesgo de ver a las instituciones educativas como necesarias y valiosas únicamente en la medida en que ofrecen una formación con probabilidades de suplir las demandas de este nuevo mercado y de conseguir un puesto de trabajo en el sector privado. De esta manera unas instituciones de carácter público y, por lo tanto, con intereses públicos como son los centros de enseñanza acaban siendo succionados por servicios privados, convertidos en apéndices de empresas a las que les preparan su mano de obra a la medida de sus exigencias.

Conceptuar la educación como un bien de consumo más, conlleva promover una mentalidad consumista en sus usuarios y usuarias, el profesorado y el alumnado; estimula a acercarse al trabajo educativo y a las ofertas académica pensando como consumidores y consumidoras, o sea, en su valor de intercambio en el mercado, en los beneficios que puede reportar cursar tal o cual disciplina, especialidad o grado académico. La institución educativa aparece contemplada como imprescindible sólo en cuanto es un recurso para poder obtener el día de mañana importantes beneficios privados, para poder enriquecerse a título individual.

Sin embargo, al mismo tiempo que se produce esta apuesta por la mercantilización del sistema educativo, también surgen los diagnósticos sobre la degradación de las actuales sociedades, sobre la decadencia moral, violencia y egoísmo de las personas que habitan los países desarrollados en este momento de la historia. Vivimos una época que algunos grupos sociales definen como de pánico moral (Thompson, 1998); la educación aparece como la responsable de todo y, al mismo tiempo, casi todo el mundo la considera como la tabla de salvación que puede conducirnos a un futuro social diferente.

Una población atemorizada que vive en una situación de pánico moral, es aquélla que percibe que lo que hasta ese momento eran ideales compartidos, estilos de vida que servían de modelo y pauta de evaluación de lo que debía ser la convivencia y el modo de vivir de una comunidad, están siendo puestos en precario. La inseguridad y el miedo a lo desconocido se convierten en pánico en la medida en que unos medios de comunicación amplifican los delitos y faltas que comenten las personas, a los que inmediatamente se etiqueta de peligrosos. Así, algunos grupos entre los cuales figuran los inmigrantes o los jóvenes, por ejemplo, los "rockeros", los "raperos", o los que practican el perreo, debido a la forma como los medios de comunicación de masas informan de sus acciones, destacándolas y, normalmente exagerándolas, acaban convirtiéndose en los principales enemigos de la sociedad y los culpables de toda la violencia que existe en nuestro entorno. De esta manera se genera en la sociedad una fuerte hostilidad contra estos grupos, a los que se ve como amenaza para la paz social, con posibilidades de destruir el mundo de valores hegemónicos y de sumergir a los ciudadanos y ciudadanas en un ambiente de caos y destrucción. La exageración con la que se narran los hechos más o menos delictivos de estos grupos marginales proporciona, asímismo, el caldo de cultivo para respuestas desmesuradas por parte del resto de la ciudadanía. Es fácil que de esta forma se inicie una espiral de violencia. Ante las acciones definidas como no aceptables desde la ortodoxia, que construyen los grupos sociales más hegemónicos, se responde con más violencia, pero esta vez mediada por instituciones (ya sea por la policía, por las instituciones judiciales o correccionales); violencia institucional a la que, a su vez, volverán a responder esos grupos con nuevos discursos contestatarios.

Los grupos sociales políticamente conservadores que promueven esta modalidad amarilla de medios de comunicación de masas pasan así a convertirse en una nueva variedad de agentes sociales: los empresarios de la moralidad; especializados en la definición de lo que se consideran las conductas sociales aceptables e inaceptables. Desde la plataforma que les proporcionan sus periódicos, revistas, canales de televisión y de radio no dudan en dramatizar lo que desde su perspectiva son conductas desviadas. Sólo ellos tienen facilidades para establecer la definición de lo que se considera socialmente valioso y relevante, o nefasto. Sin embargo, lo que estos medios poco acostumbran a hacer es sacar a la luz las raíces estructurales de esas conductas que etiquetan como antisociales; a qué se deben y, por consiguiente, de qué forma se podrían evitar. Ocultan que detrás de las razones de ser de la mayoría de esa juventud etiquetada como desencantada o de esos grupos que viven en situaciones de pobreza está la reestructuración de una economía que, al tiempo que genera cuantiosos beneficios a un muy reducido colectivo social, deja en el limbo del desempleo a un enorme contingente de seres humanos. Detrás está una sociedad informacional que cogió y sigue cogiendo desprevenida a un amplísimo sector que vive en un ambiente social de resignación ante las fatalidades.

Cuando desde los medios de comunicación se genera el pánico ante las conductas y valores que caracterizan a determinados grupos sociales marginados, no podemos decir que los propietarios de esos medios tengan como metas explícitas asustar a la población. En realidad ese miedo no es otra cosa que el resultado de constatar que lo que para esa mayoría espectadora es válido y merece la pena, ahora aparece puesto en cuestión o incluso en precario. Ese pánico moral sería el resultado de modos de pensar y vivir distintos, que hasta el momento no se percibían como alternativas ni, lo que es más importante, como posibles.
Las actuales instituciones educativas, en su creación, no tenían entre sus objetivos atender a las necesidades de todos los grupos sociales a los que ahora les toca responder. Esto explica un buen porcentaje del fracaso escolar que hoy tiene lugar en los centros de enseñanza donde la deserción y desafiliación escolar constituye un serio problema tanto de índole social como económico. Recordemos que hasta la primera mitad del siglo pasado el sistema educativo estaba destinado a los hijos de los grupos sociales más favorecidos. Es a partir de los últimos cincuenta años del siglo 20 cuando la escuela se abre a toda la población, pero este cambio tiene lugar sin las transformaciones necesarias en la administración de estas instituciones para adecuarse a los nuevos objetivos de la educación en masa.

No se puede convertir a la educación en culpable de algo que ella no originó, sino que es fruto de la actual reorganización de los mercados, de la producción capitalista y de la reaparición de las ideologías y discursos legitimadores de concepciones de sociedad economisistas y consumistas que intentan convertir al sistema educativo en una entidad dependiente del sistema productivo.

El trabajo de Rodríguez Matos, Gutiérrez Blanco y Morales Santiago aborda desde una visión crítica la administración de la educación en Puerto Rico en búsqueda de opciones "desde la totalidad y desde las partes...mediante una inmersión en las contradicciones que ocurren en este mundo, un reconocimiento de su carácter dinámico, una búsqueda de explicaciones irrepetibles y un reconocimiento de la capacidad renovadora del proceso administrativo de este complejo mundo de cambio (p.15)."

El análisis de contenido de cerca de 5,000 noticias de prensa radial, televisiva y escrita, el diálogo con administradores de entidades educativas formales y no formales y las experiencias de campo de estudiantes doctorales de la Universidad de Puerto Rico en distintos escenarios organizacionales en el País, constituyeron los diversos ángulos de análisis desde un enfoque de investigación cualitativa.

La búsqueda de opciones para mejorar la práctica administrativa en Puerto Rico, el intento de proponer rutas integradoras y transformadoras en el análisis de los problemas asociados con la educación en nuestro país y la apertura a "una agenda analítica de la red que compone la gestión administrativa en todas sus dimensiones (p.19)" constituye un esfuerzo importante en la búsqueda de nuevos paradigmas para el análisis y la necesaria transformación de la Administración Educativa como objeto de estudio y como práctica.


Nota:

La autora es poeta, empresaria y Catedrática Auxiliar del Programa de Liderazgo Educativo en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.